E n la última cuenta presidencial, la Presidenta Michelle Bachelet celebró las acciones que el gobierno ha realizado en cuanto a la gobernanza y explotación del litio en Chile, destacando especialmente la nueva Política del Litio y Gobernanza en los Salares (PLGS); el acuerdo con la empresa Rockwood Litio Limitada (RLL) y un “excelente” acuerdo con las comunidades; y el desarrollo de la explotación público privada en los salares Maricunga y Pedernales, entre otras. Si bien a primera vista esto puede considerarse un avance, la compleja realidad de la industria extractiva de este mineral nos compele a echar un pie atrás y, tratando de entender el panorama amplio de las novedades en la materia, revisar su verdadero alcance y a partir de ahí hacer las preguntas necesarias a resolver como país.

Parece innecesario resaltar la importancia del litio en cuanto a su aplicación en tecnología. Basta pensar en el dispositivo en el cual esta columna está siendo leída. Su batería al igual que la de la mayoría de los aparatos que utilizamos diariamente utilizan este componente, y su demanda se expande a sectores como el de los autos eléctricos, entre otros. Consecuentemente, el precio de este mineral se ha duplicado en los últimos diez años y se estima que su demanda crecerá de las 95 mil toneladas al año actuales, a las 250 mil en el 2020. Esto en un contexto mundial en el cual, según expertos, se prevé un mercado deficitario para los próximos 10 a 12 años y con ello la mantención de un alto precio.

En Chile, la explotación del litio es llevada a cabo por un duopolio conformado por las empresas privadas Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) -dirigida hasta abril de 2015 por el yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou- y Rockwood Litio LTDA (RLL), recientemente adquirida por la estadounidense Albemarle. Ambas empresas controlan el 43% de la producción de Litio a nivel mundial.

Inicialmente por consideraciones armamentistas en el contexto de la Guerra Fría, el litio fue declarado un mineral estratégico, lo que implicaba no ser susceptible de concesión minera; condición que fue ratificada por la Ley Orgánica de Concesiones Mineras del año 82’ y el Código de Minería del Año 83’ y que mantiene en la actualidad. En consecuencia, la explotación privada se restringió a la figura sui géneris de los Contratos Especiales de Operación del Litio. Sin embargo, la fórmula que permite la explotación mediante el duopolio privado que conocemos está dada por el arriendo de las concesiones mineras ubicadas en el Salar de Atacama, pertenecientes a CORFO -exceptuadas de la prohibición mencionada por haber sido constituidas previamente- a aquellas empresas.

Conocido es que Chile, parte del denominado “triángulo del litio” junto a Argentina y Bolivia, posee una de las mayores reservas de este mineral a nivel mundial. Sin embargo, es justamente en el Salar de Atacama donde se concentra entre el 85 y el 87% de las reservas a nivel nacional. Este salar tiene, además, la particularidad de ser la mejor reserva a nivel mundial en relación al costo de su extracción y rentabilidad.

La Política del Litio y Gobernanza en los Salares, emanada en enero de 2016 a partir del trabajo Comisión Nacional del Litio,  señala como uno de sus objetivos a mediano y largo plazo “Reforzar el rol del Estado como dueño único y auténtico de los recursos minerales”, siempre “resguardando la sustentabilidad ambiental”, para luego señalar el objetivo de “Crear una empresa controlada por el Estado que se dedique al aprovechamiento de los salares, que privilegie un modelo de negocios público –privado”. A continuación, reafirma este modelo en los objetivos a corto plazo señalando a grandes rasgos que “Mientras no se forme la nueva empresa, la Comisión recomienda incorporar al Estado a través de CODELCO, ENAMI y/o CORFO, o filiales de algunas de ellas, en la exploración y/o explotación del litio, mediante acuerdos público-privados…”. Más aun, al momento del lanzamiento de la Política, Bachelet comentó que el carácter estratégico no concesible del litio “no significa cerrar espacio para la cooperación con empresas privadas”.

A partir de esta política el gobierno ha realizado distintas acciones que buscarían impulsar el desarrollo de una explotación con “mayor participación pública” -ni hablar de nacionalizar-, respetando y resguardando a las comunidades y la sustentabilidad ambiental. El problema radica en que al lado de cada una las acciones que parecen avanzar hacia estos objetivos, sin duda positivos para el país, se impulsan otras que apuntan hacia el sentido contrario.

Vamos por parte.

El proyecto de explotación mediante una modalidad público-privada ya es prácticamente una realidad en Chile. A comienzo de este año se dio inicio a este proceso con la apertura de la recepción de expresiones de interés individuales o en consorcio, para desarrollar los proyectos de litio en los salares de Maricunga y Pedernales. Por su parte, Salar de Maricunga S.A es el nombre de la sociedad filial que CODELCO está constituyendo, que ya cuenta con un gobierno corporativo compuesto por un directorio de tres miembros y está a la espera de definir a su socio privado. Acuerdo que se materializará a través de un Contrato Especial de Operación del Litio.

Actualmente, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), ha dado la autorización para la explotación -en concordancia con lo que D.L. N° 2.886 de 1979 exige, dado el carácter estratégico nuclear atribuido en aquel momento histórico- y 10 empresas han manifestado su interés en participar de la iniciativa. Entre estas, se encuentran también las únicas dos empresas que ya realizan explotación del litio en Chile, SQM y RLL. Ambas investigadas por financiamiento irregular de la política. SQM, cuyo modus operandi y vínculos políticamente transversales son bien conocidos, y RLL, que un poco más bajo del radar público, ha sido investigada por la fiscalía por su relación con actividades e informes a partir de las cuales fueron emitidas facturas por Asesorías y Negocios, la sociedad de Giorgio Martelli que financió la precampaña de la Presidenta Michelle Bachelet.

Lo anterior, que podría considerarse -muy discutiblemente- una forma de reforzar el rol del Estado en la explotación del mineral, se contradice con otra de las mismas medidas celebradas en la cuenta pública; el acuerdo realizado por RLL y CORFO.

Dicho acuerdo, ratificado por Contraloría en enero de este año, es en la práctica una modificación del contrato que el Gobierno de Chile y RLL mantiene desde el año 1980 y supone que RLL pasará de producir 26 mil toneladas a 82 mil toneladas al año durante los próximos 27 años. Si bien el contrato mejora las condiciones bajo las cuales la empresa se encontraba regida actualmente, tiene una serie de falencias en distintas dimensiones, que permiten considerarlo un mal acuerdo, o al menos, uno que no satisface e incluso merma la proyección de la explotación eminentemente pública que se declara en la Política del Litio y Gobernanza en los Salares.

Como primer elemento debemos recordar las condiciones y concentración a nivel nacional e internacional que el Salar de Atacama -donde RLL explota el mineral- posee. La entrega por 27 años supone prácticamente dilapidar la posibilidad de explotación en aquellas pertenencias por parte del Estado. Tal como señala Jan Cademartori en un artículo del año 2016 publicado por el Mostrador, son los primeros años de explotación los que dejan grandes utilidades, pues el costo de producción va aumentando con el agotamiento de las reservas más fáciles de explotar. Y en el futuro, por lo tanto, ¿Será rentable nacionalizar parte del litio después de 27 años de agotamiento? Debemos concordar entonces con Cademartori al señalar que esto significa que el Estado pierde la oportunidad de capturar el 100% de la renta a través de una empresa pública o un 50% de ella si se hubiese exigido una sociedad mixta a partes iguales, en la mejor reserva de litio a nivel mundial, mediante un acuerdo que no supone mayores avances en cuanto al valor agregado a la producción.

Por otra parte, el acuerdo en sí mismo es una forma de regulación que excluye la intervención soberana y democrática de los habitantes de aquellos territorios que sufrirán los impactos de este importante aumento de actividad minera, sin participación ciudadana  ni de las comunidades indígenas afectadas en la decisión de celebrar o no este contrato -o al menos las condiciones de este-. Que tal determinación no haya sido adoptada mediante una ley, por ejemplo, elimina también la posibilidad de una discusión a nivel país sobre el devenir de esta industria y la posibilidad de exigir el derecho a realizar Consulta Indígena en el marco de lo señalado por el Convenio N° 169 de la OIT, previsto para Leyes susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios.

Ahora, el contrato incorpora un acuerdo de la empresa con las comunidades atacameñas cercanas a la operación en el Salar de Atacama. Acuerdo que también fue destacado por la mandataria el 1 de junio. Pero este convenio -en la práctica un contrato entre privados- ha sido también altamente cuestionado por la forma en la cual fue adoptado por las directivas de los ayllus, muchas veces sin conocer a cabalidad su contenido e implicancias y bajo un desequilibrio enorme en el poder negociador de las partes, en el que no medió el Estado para equiparar esta diferencia. Los beneficios entregados, que comenzaron con la entrega de 70 millones de pesos por ayllu contra la firma del acuerdo, entregado a través de un vale vista, culminan con la entrega de un monto fijo, 51.894 UF, si el proyecto obtiene una Resolución de Calificación Ambiental desfavorable, o el 3% de las ventas anuales a las comunidades, si su calificación ambiental es favorable. Entrega que se realizará a través del Consejo de Pueblos, cuyo ex Presidente, Antonio Cruz -quien coordinó la firma del Convenio- fue obligado a renunciar por cuestionamientos financieros y bajo versiones encontradas que hablaban de mala administración o derechamente de ilegalidades. Todas estas cosas, son elementos que distorsionan y complejizan aún más las ya deterioradas relaciones entre las comunidades, y entre estas y sus dirigencias. Situación que ha desembocado incluso en que algunas de las comunidades han devuelto los dineros entregados y se rehúsan a reconocer la legitimidad y validez de este acuerdo, que tampoco satisface el estándar de participación indígena que el Convenio N° 169 de la OIT exige al Estado.

Otro elemento central a considerar es que el contrato entre CORFO y RLL, es la presión ambiental que supone el aumento de la producción que se llevará a cabo. La fragilidad ecosistémica de los salares en general, y del Salar de Atacama en particular, además de la sustentabilidad hídrica de la cuenca -destacado por la Comisión Nacional del Litio- es un punto crucial que debió considerarse en la firma de este contrato. Tanto el río San Pedro como el río Vilama, principales ríos del sector, han sido declarados agotados por la Dirección General de Aguas dentro del último año y los conflictos asociados a la falta de disponibilidad de agua para el riego, los desequilibrios ecosistémicos producidos y la falta de un monitoreo independiente, se incrementan día a día. Acorde a esta posición sobre una verdadera crisis hídrica en la zona, fue lo señalado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el daño ambiental en salares, glaciares y cuencas hidrográficas, que luego de cinco meses de trabajo corroboró, en diciembre de 2016, la gravedad de los daños ambientales producido por las mineras en el Salar de Atacama.

El último de los elementos a considerar en el análisis de las medidas que el gobierno ha tomado en cuanto a la explotación del litio en Chile tiene que ver nuevamente con señales contradictorias en cuanto a la orientación del gobierno en la materia.

La recomendación de la Política Nacional del Litio a la CORFO, respecto a la necesidad de revisar los contratos vigentes en el Salar de Atacama, se materializa hoy en la decisión de solicitar el término anticipado del Contrato de Proyecto que tiene firmado desde 1993 con SQM, mediante un juicio arbitral actualmente en curso -existe además otro juicio entre las partes-, aduciendo incumplimientos contractuales. La medida parece del todo razonable si se considera además la investigación en curso por financiamiento irregular en la política de esta empresa y que significaría la posibilidad de explotación estatal de las pertenencias que actualmente realiza SQM. Pero, nuevamente, vemos que desde el gobierno se hace un llamado a potenciar la explotación privada del recurso. Ya en diciembre de 2016, el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, hacía un llamado a las empresas a explotar y utilizar los Contratos Especiales de Operación, establecidos en plena dictadura, en virtud del D.L. N° 2.886 de 1979, y señala que “Los privados interesados pueden elaborar un proyecto, que sea serio y cumpla con los más altos estándares técnicos, medioambientales y sociales, para solicitarnos un contrato de operaciones especiales en algunos de los salares que tengan potencial”. Evidentemente, lo anterior no coincide con una línea de refuerzo de la participación pública en esta industria e incluso ha sido criticado por la Comisión del Litio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, al considerar que los CEOL, tal como existen actualmente,  no tendrían en el corto ni mediano plazo un efecto sustantivo en el desarrollo del litio en Chile. Más bien, desarrollaría un mercado especulativo en el corto plazo de transacciones volátiles de proyectos de litio por parte de actuales propietarios de pertenencias mineras en distintos salares de Chile.

Con todo lo señalado previamente, que de todas maneras puede ser complementado con más antecedentes, es posible concluir que existe una visible inconsistencia en las medidas adoptadas por parte del gobierno y la falta de una clara determinación respecto a la forma de explotación del litio en el país y del rol del Estado en la materia. Acciones desprovistas de coherencia interna, a la vez reñidas con la orientación defendida en la política oficial, parecen ser expresión de visiones contrapuestas al interior del bloque político dominante que convive con dos mundos en su interior, pero donde uno prevalece. El anhelo declarado del aumento de la explotación eminentemente pública, sostenible ambientalmente -asumiendo que ambas cosas fuesen compatibles- y con resguardo de las comunidades, frente a la expansión productiva mediante el aumento de la participación privada que no satisface estándares democráticos ni ambientales básicos.

Esta última versión, que al fin y al cabo predomina, se ve alimentada y fortalecida por la sustracción de la esfera pública de este tipo de decisiones, definida mediante acuerdos y contratos propios de relaciones entre privados, pero que en este caso comprometen el interés general del país y frente al cual, tanto los habitantes directamente afectados por las decisiones, como el resto de los ciudadanos del país quedamos excluidos. Una “cocina” que ya es familiar, pero siempre desde lejos, en la cual algunos entran por la puerta grande, otros por la chica y el resto sencillamente queda fuera.

Es trascendental que entendamos, que la exigencia democrática de un verdadero debate público y el reconocimiento de la soberanía popular en una materia tan clave para el futuro del país, son sencillamente un paso inicial en la profunda discusión sobre la definición del modelo de desarrollo que el país requiere. No son pocas las voces que desde los movimientos sociales, la academia y la ciencia, cuestionan -ya sea a partir cuestiones ambientales, sociales y/o económicas- la necesidad de expandir la explotación del litio y profundizar la orientación productivista, extractiva y exportadora de materias primas, en aras de un crecimiento disfrutado fundamentalmente por unos pocos y que no media sus consecuencias al mediano o largo plazo. Pero, para llegar a ese punto, donde realmente podamos incidir colectivamente en el devenir de nuestra realidad, debemos comenzar por despejar el humo que sale de la cocina a la que no hemos sido invitados, para luego, con claridad y determinación, derribarla por completo.