H ay que ser claros: el actual proyecto de ley ha fracasado en proteger a los glaciares y privilegia los intereses de la minería por sobre los de las comunidades. La verdad es que nada nuevo se esperaba de un proyecto que ha sido cocinado de la misma forma que todos los recientes proyectos de ley: en base a negociaciones que no se justifican por decisiones científicas sino que persiguen intereses políticos-empresariales, profundizando un modelo de desarrollo extractivista que le es fiel a éstos y excluyendo las voces de las comunidades directa o indirectamente afectadas.

Las iniciativas de ley surgen cuando la sociedad – o una parte de ella- devela la necesidad de regular la forma en cómo se han venido dando las interacciones en algún ámbito o en torno a un bien en específico que se considera relevante para la misma. Es así que como sociedad no solo regulamos nuestras relaciones interpersonales, sino que también nuestro interactuar con la naturaleza y el ecosistema. En este sentido, el reconocimiento jurídico configura una realidad y determina nuestro actuar como sociedad con respecto a ese bien; es por ello que un proyecto de ley debe ser integral en su formulación: debe considerar distintas perspectivas e integrar las necesidades de todas las personas -y de todo- que sea vea involucrado.

No obstante, el actual proyecto de protección de glaciares pareciera ser que considera a los glaciares únicamente desde la perspectiva del crecimiento económico (el desarrollo del país según los sucesivos gobiernos): ¿qué tan rentable es proteger nuestros glaciares? De esta manera, obvia completamente la importancia de protegerlos desde otras perspectivas: tales como la ecológica, patrimonial y de derechos humanos. Expresión de esto es el hecho de que el proyecto haya sido revisado solo por la Comisión de Hacienda y no por comisiones como la de Derechos Humanos y la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la cámara de diputados.

La reducción del proyecto a la perspectiva económica asimismo deja fuera los principios ambientales de prevención y precaución, en virtud de los cuales se hace frente a fenómenos que constituyan un grave impacto ambiental. Estos intereses monetarios han nublado completamente la necesidad de una regulación pronta de nuestros glaciares para hacer frente a fenómenos naturales como el cambio climático y la sequía.

Ha quedado demostrado que uno de los desastres naturales más complejos y que impacta a la mayor cantidad de personas en el mundo, es la sequía. Esta genera efectos directos en el suministro de agua potable para beber y para cultivar; y si se prolonga en el tiempo, puede forzar la migración de poblaciones, causar hambruna y muerte de diversas especies. Las consecuencias que deja una sequía pueden prevalecer por muchos años, provocando impactos nocivos en el desarrollo de un territorio.

Desde una perspectiva ecológica existen diversos factores que influyen en los efectos que puede causar una sequía. Por este motivo, al analizar el fenómeno, se debe integrar esta visión que considera tanto las variables del macrosistema, como las condiciones socioeconómicas y gestión pública de los recursos; como también las del microsistema, los recursos internos de la comunidad y de su capacidad de enfrentar los obstaculizadores contextuales. Ejemplo de ello, es que existen cambios de temperatura entre el centro-sur de Chile, que podrían provocar que las partes altas de la cordillera de los Andes se calienten en forma significativa, si continúa el aumento de las temperaturas, lo que es muy probable por efecto del cambio climático, implicaría que disminuirán las zonas donde cae nieve, concentrándose en las partes más altas, pudiendo generar un desequilibrio en el sistema hídrico.

En este contexto, es posible afirmar que los glaciares continuarán perdiendo su masa de hielo, lo que hará que aumenten los caudales de aquellos ríos de origen glacial, principalmente en épocas de verano. Una buena gestión de este recurso, permitiría abordar el problema de la sequía, por ejemplo, desarrollando estrategias y medidas para acumular agua en este período. Pero, estas medidas no podrían ser efectivas, si mientras tratamos de cuidar el recurso en ciertas zonas, lo destruimos en otras que terminan constituyéndose como el patio trasero de la minería.

Si hablamos de nuestros glaciares, la zona centro -de la quinta a la sexta región- concentra el mayor número de glaciares, pero en términos de superficie, es la zona austral que destaca por sobre el resto del país, por lo que no es posible desconocer el valor que significan los glaciares como patrimonio para nuestros territorios australes, para Chile e incluso para América Latina. Y desde esta perspectiva, las comunidades australes jugaran un rol clave para resguardar este importante recurso. Si bien la urgencia está en proteger los glaciares del norte y centro del país por la fragilidad en la que se encuentran aquellos ecosistemas y sus comunidades, no podemos obviar que todos los glaciares están en riesgo de ser afectados por actividades antrópicas a futuro.

Por este motivo, continuamos con la invitación a observar, pensar y sentir desde una perspectiva ecológica la problemática, como el conocido efecto mariposa, cuando una comunidad se ve afectada y/o alterada también se altera en los otros subsistemas, llegando a influir en lugares muy distantes en el espacio-tiempo, por lo que este proyecto de ley podría ser observado por las comunidades australes con el mismo interés que tienen las comunidades en el norte de Chile.

El proyecto de ley de protección de glaciares es expresión de un sistema que invisibiliza la diversidad de complejidades que se viven en las distintas zonas del país y no ofrece espacios de participación efectiva, ni favorece el pleno ejercicio de derechos. Por el contrario, los omite y vulnera sistemáticamente. Actualmente, existen muchas comunidades que no cuentan con agua potable para vivir, no logran terminar la semana con el agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y, a su vez, no cuentan con políticas públicas de gestión del riesgo de sequía o escases hídrica. Sin embargo, las respuestas institucionales siguen priorizando la inversión de las grandes mineras por sobre la protección del bienestar de chilenas y chilenos del aquí y el ahora, además de perjudicar el desarrollo de las futuras generaciones humanas y otros seres que interactúan en el territorio.