La inclusión reciente de la categoría de sitio de memoria en el borrador de la modificación de la Ley de Monumentos por una Ley de Patrimonio impulsada por el gobierno, bajo lógicas modernizadoras y extractivistas-neoliberales, se imponen nuevas trabas en las declaratorias de protección, nuevas exigencias y controles, se subsume en definitiva, la complejidad de las políticas de la memoria a una cuestión nominal.