L a industria del salmón en Chile sostiene gran parte de su negocio sobre la figura de las “concesiones acuícolas”, que sella vínculos de propiedad y uso del borde costero. La industria monopoliza gran parte del borde costero del Archipiélago de Chiloé, en su vertiente oriental, lo que genera conflictos con pescadores artesanales, comunidades indígenas y operadores turísticos.

Así es. La industria genera una situación de desposesión a otros usuarios del borde costero mediante las concesiones acuícolas. En Chile, 6 compañías controlan más del 50% de las concesiones salmoneras en Chile. Y del total de las concesiones otorgadas, sólo están utilizando el 30 %. ¿Qué pasa con el otro 70%? Están guardadas para especular. Cuando haya más demandas de otros actores, ellos especularán con estos recursos. La presidenta Bachelet, en el primer gobierno, semanas antes de irse, firmó un decreto que le entrega, en propiedad, las concesiones costeras a las empresas salmoneras. Ya son parte de su patrimonio ahora. Conforme a eso, las dueñas de concesiones pueden transarlas, venderlas, arrendarlas, heredarlas. Pueden hacer todo lo que se puede hacer con un bien privado. Ha habido un proceso de expropiación silenciosa de bienes nacionales de uso público, y en este caso, todo lo que es borde costero.

Entonces, hay una alta concentración de la propiedad en las concesiones acuícolas, y las que no se utilizan, son para dos cosas: una para la especulación; y la otra función es que están entregadas como concesión por créditos que se han solicitado al sistema financiero, nacional e internacional. Ha habido concesiones que no se han utilizado más de 5 o 6 años. La ley dice que, si una concesión no se utiliza durante una temporada, se señala eso y luego pasa a ser parte del Estado, para que este pueda ofertar la concesión disponible a nuevos capitales. Hay concesiones que llevan 6 años y nunca se le ha aplicado a ley, pues esas concesiones están prendadas con bancos, y ahí aparecen todos los funcionarios de SUBPESCA y del Servicio Nacional de Pesca para mover sus engranajes para violar la ley. El anterior director de SERNAPESCA inventó un concepto: “No es que las concesiones no estén siendo utilizadas, sino que están en reposo productivo”. O sea, él dice que están produciendo, pero en descanso, por lo que no se les aplica la ley. ¿Entiendes como estos tipos interpretan la ley a su favor?

Podría hacer referencia al pago de patentes salmoneras, que, por una parte, deberían pagarse en los territorios donde la industria se emplaza. Por otra parte, entiendo que las patentes las pagan por centímetros cuadrados, o por hectárea marina, y no en centímetros cúbicos, como debería ser, dado que se utiliza toda la “columna de agua” y el fondo marino en el proceso de cultivo del salmón.

Un ciudadano común y corriente, como tú y como yo, pagamos por metro cúbico de agua, los que se ve reflejado en la cuenta a final de mes. Mientras tanto, la industria salmonera paga por hectárea, que es una unidad de superficie marina. Y todo lo que está abajo, en la columna de agua, es gratis para las salmoneras. Hace poco, aumentaron el pago de las patentes por hectárea de agua, que son 70 dólares la hectárea, que es una cifra irrisoria para todas las utilidades que percibe la industria. La ocupación del maritorio es casi gratis para las grandes compañías salmoneras. Hay compañías como Marine Harvest, que tiene centros de cultivo en Estados Unidos, en Canadá, en Escocia, en Islas Feroe, pero el 26% de las ganancias netas las obtienen de Chile. Chile es como la gran vaca lechera para este empresariado.

Otro tema es que gran parte de las patentes ni siquiera se pagan en las comunas con producción salmonera, sino que en las casas matrices que están en Santiago. Y por ello, los municipios tienen una escasa capacidad de absorber los beneficios de que en su comuna se instalen centros de cultivo y plantas de procesamientos de salmones.

Efectivamente. Se ha peleado para que las patentes se paguen en las municipalidades, pero eso va asociado a un elemento nuevo, que es la corrupción: la industria del salmón tiene una alta capacidad de influencia en los gobiernos locales: alcaldes, intendentes, diputados y senadores. Eso es vox populi. En el último tiempo, los empresarios salmoneros se han dado cuenta de la mala relación que tienen con las comunidades locales. Ante esto, y con la nueva presidencia de SalmónChile, es la organización gremial de la industria salmonera, se está colocando dinero, pero no mucho, en las comunidades locales: campesinos, indígenas, juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos.

Para poder legitimarse socialmente, sobre todo pensando en que el vínculo entre las empresas con las comunidades ha estado bien descompuesto por las crisis económicas de la industria y las crisis ambientales que ha generado, como el vertimiento de salmones podridos en las costas de Chiloé el 2016.

Así es. Esa legitimación social la realizan mediante donaciones de dinero. En Magallanes, por ejemplo, algunas empresas dan becas a estudiantes en las comunidades donde ellos están operando.

Lo que, además, funciona como un mecanismo de contención de posibles movilizaciones sociales.

Totalmente. Entonces, corrupción política y vínculo asistencialista con las comunidades son modus operandi habituales en la industria salmonera. La industria salmonera opera como un ejército de ocupación, con la complicidad de las autoridades locales y nacionales. Así funciona todo ejército de ocupación: territorio, control, presión, disciplinamiento social.

Redes de poder y tráficos de influencia dentro de la industria del salmón

Hablemos de las redes de poder y los tráficos de influencia dentro de la industria.  Qué actores han sido esenciales en su promoción, quiénes se benefician de este negociado, etc.

Como mencioné anteriormente (ver Parte 1), la salmonicultura en Chile se instaló en dictadura, donde se le proporcionó todo lo que necesitó para su crecimiento y expansión. Luego vienen los gobiernos de la Concertación, en los cuales se establece un fuerte vínculo con la industria. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han sido los verdaderos padres benefactores de la industria salmonera. Durante sus gobiernos, se modificaron todos los reglamentos y las regulaciones ambientales, con miras a garantizar su expansión libre. El presidente Ricardo Lagos señaló en una ocasión, que se retiraba orgulloso de su gobierno, pues 1 de cada 3 salmones que se comía en el mundo provenía de Chile. Su gobierno se jactaba de que pudo coordinar al capital internacional, la tecnología y trabajo nacional.

Resultado de todo esto: la industria salmonera es esencial en el ordenamiento de los territorios como Chiloé, y ahora Aysén y Magallanes. La industria define cómo utilizar el agua dulce, cómo utilizar los recursos pesqueros para alimentar salmones, qué mano de obra local requerirá, qué vocación tendrá el territorio, sin soberanía de las comunidades mismas. La salmonicultura es una industria poderosísima, junto con la industria minera y forestal, por las relaciones de poder que posee. Los vínculos son variados.

En primer lugar, en el Senado y Cámara de Diputados, existe una suerte de “bancada salmonera”. Si tú me preguntas, ¿Quiénes son? Tienes que ver qué tipos están acusados de corrupción por la Ley de Pesca. Todos los diputados y senadores de las regiones salmoneras son ultra funcionales a las demandas gremiales de la industria. Otra área de tráfico de influencias de la industria del salmón es la Marina de Chile. La Marina controla el territorio marino, y por ello, la industria del salmón, en sus centros de cultivos y transporte de salmón, está sujeta a ella. Gran parte de los altos funcionarios de la Marina, luego son parte de los directorios de las empresas salmoneras y pesqueras, por lo que ahí se da toda una relación de administración y control costero. De todos los accidentes que les han ocurrido a los buzos y de todos los hundimientos de wellboats, hay cero investigaciones. El Seikongen es un ejemplo. La Marina lo que ha hecho es evitar que ocurran investigaciones y dilucidar responsabilidades. En tercer lugar, la industria tiene relación con la ultraderecha. Gran parte de los directorios de empresas pesqueras de harina de pescado, que luego se han transformado en empresas salmoneras, son ex miembros de Patria y Libertad. Destaca ahí Roberto Izquierdo Menéndez. Es un tipo muy activo que está involucrado en Salmón Chile, en la Sociedad Nacional de Pesca, y también se involucra con grupos ultraconservadores en la región sur-austral.

Yo considero que, en esta red política, hay que meter también a las universidades. Las empresas salmoneras se han encargado de financiar a las universidades regionales, y también a la Universidad Católica y la Universidad de Chile, para estudiar áreas del conocimiento afines a sus intereses de productividad. Han financiado programas, capacitaciones, etc. También financian a muchos grupos de investigadores.

Esto se hizo patente durante la crisis socioambiental de Chiloé en el año 2016, donde el establishment científico fue bastante deslegitimado por exculpar de responsabilidad a la industria del salmón y el vertimiento de salmones podridos que esta realizó con SERNAPESCA en los mares de Ancud.

De todas maneras. Cuando ocurre el tema del florecimiento algar en Chiloé en el año 2016, la primera declaración fue la del Colegio de Biólogos de Chile, que inmediatamente cerró filas con la industria, al decir que “estas son condiciones naturales, vinculadas al cambio climático, y la industria del salmón no tiene nada que ver”. Luego viene la Asociación de Ciencias del Mar, en donde hay muchos científicos de gran nivel. Ellos sacan una declaración, que era como redactada por la industria. También está el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, que también se cuadró con la idea de exculpar de responsabilidad a la industria salmonera. El Estado, más tarde, nombra una comisión de científicos “independientes”. ¿Cómo van a haber científicos independientes, si todos dependen del financiamiento ya sea del Estado o de la industria salmonera-pesquera? Esta comisión investigadora, obviamente ratificó todo lo que habían dicho sus colegas. De esta manera, podríamos decir que otro de los muertos tras las crisis cíclicas de la industria salmonera, es la credibilidad de la comunidad científica, que está alineado con la gran industria salmonera. Y aquí, las voces disonantes son mínimas y están silenciadas.

Finalmente, también se encuentran las redes de poder en las embajadas. Los empresarios noruegos y japoneses tienen un irrestricto apoyo de las embajadas de Noruega y de Japón. Estas embajadas los protegen, les brindan apoyo cuando lo necesitan. Son embajadas que cuidan este “clúster”, compuesto de las empresas mismas, de los abogados, de las empresas logísticas, transportistas, farmacéuticas, etc.

Institucionalidad ambiental

Hablemos sobre la institucionalidad ambiental que permite la insustentabilidad de la industria del salmón, rubro que dista bastante en materias de regulación, con las normas de Noruega, el primer productor mundial. Aunque, por otro lado, los empresarios que desarrollan la salmonicultura en Chile se adaptan a nuestras permisivas reglas del juego.

Es interesante el caso de los noruegos, pues vienen de una sociedad igualitaria, con valores de protección ambiental, y una de las pocas sociedades de “feminismo real” (risas). Yo trabajé ahí y a algunas personas les decía esto: ustedes tienen los dos espíritus fundamentales de Noruega. Por un lado, tiene un progresismo civilizado, amable, con valores ambientales, pues hay un fuerte control social sobre ustedes. Y luego, llegan a Chile, miran a los lados y se dan cuenta de que no hay control de ninguna cuestión, que llegan con mucho dinero, en una situación de ocupación empresarial. Al cabo de un tiempo, cambian su comportamiento, y se transforman en unos energúmenos, en donde sólo les importa la rentabilidad económica y el producir cada vez más salmones, a costa del medio ambiente y las comunidades. Y, ¿por qué pasa eso en Chile? Por la institucionalidad ambiental, la que está hecha a la medida de algo muy claro: permitir la inversión en megaproyectos productivos. Y todo esto en función de recursos naturales, pues el 80% de la economía de este país depende de recursos con bajo valor agregado. ¿Cuánto es la “nueva economía del conocimiento”? Con suerte 5%.

Seguimos siendo un enclave colonial exportador de materias primas.

Así es. Es urgente cambiar los marcos políticos y jurídicos que nos rigen. El sistema chileno está hecho para aprobar las inversiones, mayoritariamente. Si deseas ver esto gráficamente, anda a Magallanes. El Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) es una especie de tubo engrasado en que tu metes un proyecto, y sale aprobado rápidamente. Y todo esto realizado con independencia de las oposiciones de las comunidades locales. Hoy por hoy, el presidente Sebastián Piñera quiere eliminar el Concejo de Ministros por la Sustentabilidad. ¿Qué hace ese Concejo? Es una burla kafkiana, pues está conformado por los principales ministerios extractivistas: economía, hacienda, obras públicas, minería y agricultura. Este es el único concejo que está por sobre ministerios. ¿Qué sucede con este Concejo? Cualquier decisión importante tenía que estar aprobada por este organismo, pero ya estaba previamente la orden de aprobar proyectos, casi de manera estalinista. Faltaba que el presidente de los servicios de evaluación ambiental dijera: “levanten la mano los que se oponen”. Esto no es para nada democrático, y las comunidades y la sociedad civil no tienen ninguna oportunidad de entrar en este sistema de toma de decisiones. Ahora están intentando eliminar este Concejo de Ministros por la Sustentabilidad, para delegar las decisiones a las regiones. ¿Cuál es el problema de esto? Que, en las regiones, es mucho más cercano el vínculo entre las autoridades regionales y los funcionarios con las empresas extractivas. Además, hay que considerar un nuevo elemento. El Estado le va a pedir a los inversionistas o empresarios que, antes de presentarle los proyectos a las autoridades regionales, estos ya hayan sido negociados (léase “coimeados”) con las comunidades locales donde ellos van a instalar el proyecto. Es decir, que ya hayan conversado, acordado compensaciones, lo que significa dividir a las comunidades. El Estado, en el fondo, les pide a las empresas que sus proyectos ya hayan sido negociados con los posibles opositores, para que el mismo Estado y los sistemas de evaluación no se tengan que hacer cargo del proceso y de los conflictos.