D esde comienzos del año 2019 las temáticas ambientales han tomado lugar en la opinión pública con mayor fuerza, empujadas por miles de jóvenes alrededor del mundo, que se tomaron las calles para hacer un llamado de atención a la sociedad civil, tomadores de decisiones y autoridades sobre la crisis climática. El que Chile fuera el país sede y presidencia de la COP 25 se estableció como un hito político y una oportunidad para comprometer a los Estados a tomar acciones ante la urgencia climática. A pesar de ello, se observó una postura negligente del Gobierno chileno no acorde a la importancia de la instancia. Anteriormente la ciudadanía también había manifestado gran descontento por la mala distribución de cargas y beneficios ambientales, por las injusticias que viven miles de personas, especialmente niñas, niños y adolescentes en las llamadas “zonas de sacrificio ambiental”.  

El crecimiento económico sostenido que experimenta el país desde la instauración de la dictadura militar, principalmente a base de la industria extractiva y poco responsable con el ambiente y con los derechos de los habitantes, reporta beneficios sólo para algunos sectores y no para la población en general, quedando prácticamente la totalidad de las externalidades negativas del modelo en los territorios donde se emplazan las principales actividades extractivas. 

En septiembre de 2019, el malestar era latente. Las encuestas ciudadanas señalaban que un 74% de las personas consideraba necesario cuidar el medioambiente, aunque signifique “frenar” el desarrollo económico del país, mientras el 84% señaló que es un problema urgente e inmediato. Estas cifras se han profundizado durante la pandemia de COVID-19. Según la reciente encuesta “Chilenos en crisis hídrica: Un asunto de prioridad nacional”, el 92% de las personas encuestadas cree que proveer de agua en la crisis sanitaria debe ser una prioridad para el gobierno y que tenerla es clave para frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, medidas legislativas y administrativas dictadas durante la pandemia han ido en dirección contraria, priorizando incentivos tributarios a la economía de grandes capitales, sin considerar mecanismos de consulta y participación acorde a estándares óptimos y accesibles en este contexto. 

Las manifestaciones de octubre de 2019 evidenciaron que la desigualdad estaba profundamente arraigada en la sociedad chilena y sus instituciones. El descontento social no se hizo esperar, y la población salió a las calles a demandar la garantía y protección efectiva de derechos sociales y colectivos, tales como la educación, salud, seguridad social, vivienda digna, reconocimiento de los derechos de pueblos originarios, entre otros; y también, con un gran énfasis en el derecho a un ambiente sano, protección ambiental, agua y saneamiento, desde una perspectiva de justicia ambiental y de género, que remedien un enfoque desequilibrado de la sociedad en su medio, cuyo origen sería el modelo de desarrollo neoliberal adoptado por Chile desde la época de la dictadura. 

La actual Carta Fundamental, que dibuja un Estado subsidiario bajo un modelo de desarrollo económico neoliberal, ha permitido la violencia estructural contra determinados sectores, y así la formación de “zonas de sacrificio» a lo largo del país. Se ha aceptado la desmedida instalación de industrias, en favor de la permanencia de un sistema económico extractivista y centralista. Si bien en Chile existe vasta legislación ambiental y es referente a nivel regional en la materia, ésta es relativamente nueva y no siempre ha tenido como fin la protección y resguardo del medio ambiente y la vida digna, ya que generalmente ha servido para la legitimación de proyectos extractivos sin participación, bajo normas permisivas y fomentando la inversión irresponsable.

Lo anterior es permitido porque existe un entramado legislativo de diversas categorías que protegen a la propiedad privada por sobre el bien común, donde la Constitución de 1980 es el pilar fundamental en el que se enmarcan las acciones judiciales para su protección. La actual constitución permite, por ejemplo que, a pesar de considerar la naturaleza pública del agua, ésta pueda ser privatizada y desvinculada del territorio, de modo que es posible que los derechos de aprovechamiento de aguas se encuentren concentrados en un solo titular quien goza de protección constitucional, aun cuando no habite ni haya comprado el territorio por donde cursa el agua respectiva. Esto perjudica a pequeños agricultores y territorios ancestralmente resguardados por pueblos originarios, al tiempo que beneficia a la industria intensiva que provoca escasez hídrica y contaminación de aguas. La misma carta fundamental considera de manera separada los bienes naturales del hábitat en que se desenvuelven, generando regulaciones sin considerar su interrelación, alejándose del foco ecosistémico y de desarrollo sostenible, lo que genera desprotección del derecho a un ambiente libre de contaminación, como sucede, por ejemplo, con la protección de un árbol, pero no del bosque que habita; o de un ave, pero no del humedal donde anida. Se crean categorías vacías. Por su parte, existen bienes naturales que no se encuentran protegidos, como es el caso de los glaciares, situación que los deja en completa vulnerabilidad frente a los vaivenes del mercado, que los hace apropiables, a pesar de tratarse de un bien estratégico para la subsistencia humana.

No sólo los bienes naturales son afectados, sino también los derechos humanos de las personas que habitan en los territorios en que las industrias ejercen sus actividades. Según cifras del mapa de conflictos socio ambientales del INDH, actualmente en Chile existen 118 conflictos, 64 activos, 30 latentes y 24 cerrados. Los sectores productivos asociados son energía (38%), minería (28%), saneamiento ambiental (9%) y otros sectores (25%). Además, de concentrarse entre la región de Biobío y la región de los Lagos, territorios emplazados en comunas dentro del primer quintil de pobreza. 

En este contexto, el rol de la ciudadanía en general, y de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en particular, es fundamental, ya que realizan acciones que benefician a todas las personas, trascendentales en la protección de la biodiversidad, ecosistemas y preservación de la vida para las futuras generaciones. Aun así, por las labores realizadas y su confrontación directa con los intereses empresariales, han sido objeto de hostigamientos, amenazas y persecuciones, sin protección por parte del Estado. Según el Informe Anual de este año de Global Witness, a julio del presente, se ha registrado la mayor cantidad de personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en un solo año. Según cifras de Front Line Defenders, en el año 2018, 321 personas defensoras en 27 países fueron asesinadas por su trabajo, el número más alto jamás registrado; más de tres cuartas partes de estos, es decir el 77% del número total de activistas asesinadas/os, defendían derechos a la tierra y el medio ambiente, a menudo en el contexto de industrias extractivas y megaproyectos. Varios de ellos también pertenecientes a pueblos originarios, por el alcance de las afectaciones en los territorios ancestrales, perjudicando la autonomía y desarrollo de los pueblos. A pesar de ello, la misma comunidad internacional en el Convenio sobre diversidad biológica ha reconocido la importancia de los pueblos originarios en la preservación y conservación del medioambiente y biodiversidad, siendo los responsables de la protección del 80% de la biodiversidad del planeta, aunque son propietarios legales solo del 11% de dichos territorios.

En Chile, también las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y los territorios corren peligro. En este sentido, se conocen algunos casos de persecuciones que han terminado incluso en asesinatos; como el caso de Nicolasa Quintreman en el contexto del conflicto generado por la instalación de la Central hidroeléctrica Ralco; Macarena Valdés cuyo territorio ancestral se encuentra amenazado por instalación de la hidroeléctrica de la firma Saesa, por mencionar algunos. Pero también  la persecución es llevada a cabo por organismos estatales, criminalizando las luchas por los territorios, muy evidente respecto de la reivindicación territorial mapuche en que líderes y autoridades ancestrales son objeto de procesos penales cuestionables, de montajes policiales por reclamar territorios con sus bienes naturales. En efecto, un artículo de Interferencia evidenció que algunos defensores ambientales de nuestro país eran catalogados como “blanco de interés” por Carabineros de Chile, dando cuenta de la situación de vigilancia y persecución en la que se encuentran los defensores ambientales en nuestro país. Ante esta situación, Defensoría Ambiental interpuso recursos de amparo para la protección de las defensoras ambientales catalogadas como focos de interés, los que finalmente fueron rechazados en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y Santiago, como también en la Corte Suprema.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primer tratado en el mundo en incluir disposiciones sobre las defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y justicia en asuntos ambientales, por lo tanto su firma y ratificación por el Estado de Chile es fundamental y urgente. 

En materia ambiental la importancia del acceso a la información es clave. Normativamente la mayoría de los datos de emisiones atmosféricas o descargas de residuos líquidos al mar son entregados por los propios titulares de los proyectos. Esto ha generado cuestionamientos constantes por parte de las comunidades, quienes no ven concordancia entre las emisiones declaradas y la situación de contaminación en sus territorios. Así mismo, esta información no es clara ni entregada en forma expedita a la población, generando asimetrías de poder. Al respecto el Acuerdo de Escazú ordena que el acceso a la información debe ser oportuno, accesible y comprensible.

Cuando un conflicto socioambiental irrumpe en la vida de una comunidad, ésta debe procurarse, como pueda, los medios para acceder a los mecanismos de justicia. Esto contrasta con la capacidad de agencia que tiene el titular del proyecto o industria que configura este conflicto. Muchas veces, además, la institucionalidad ambiental, llamada a proteger el medio ambiente, actúa como verdadera contraparte de las comunidades. Es el caso, por ejemplo, de la Superintendencia de Medio Ambiente que suele interpretar sus facultades de fiscalización de manera restrictiva sólo respecto de proyectos que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental, dejando fuera de fiscalización las unidades más contaminantes; o cuando el Servicio de Evaluación Ambiental rechaza la Participación Ciudadana como decisión programática, a pesar de tener el deber de fomentarla, facilitarla y de tratarse de la mejor manera para tomar decisiones en materia ambiental, según la Declaración de Río de 1992.

Estos hechos dan cuenta de que, a pesar de contar con vasta legislación, normativa administrativa, institucionalidad ambiental, y reconocimiento constitucional del derecho a un medio ambiente libre de contaminación, dichas herramientas jurídicas no son suficientes y muchas veces no protegen efectivamente el ambiente, que ha sido entendido como un límite a los intereses económicos de los titulares de proyectos. En este escenario, el proceso constituyente resulta fundamental en tanto oportunidad para eliminar trabas y mecanismos de excesiva protección del derecho a la propiedad privada en desmedro de los bienes comunes. Este cambio de enfoque es necesario pues, de continuar con la exacerbada y prácticamente ilimitada protección de la propiedad privada que caracteriza el sistema neoliberal que sostiene la constitución actualmente vigente, la crisis climática se verá profundizada irremediablemente, mediante mecanismos institucionales que consideran al planeta como fuente ilimitada de recursos para beneficio de unos pocos y desconocen sus límites naturales. Eso es lo que está en juego, y queda mucho por avanzar.

Asimismo, entendemos que un nuevo texto constitucional no es suficiente para poner las bases de la construcción de un proyecto país en que el desarrollo se encuentre en armonía con los bienes naturales, como norte la dignidad y un buen vivir para las futuras generaciones, estableciendo una nueva relación entre el Estado, las personas y la naturaleza. No obstante, la redacción de una nueva Constitución, abre las puertas para que se establezcan algunos mínimos comunes que permitan un desarrollo armónico, basado en el Buen Vivir. 

Esta armonía sería posible mediante una constitución ecológica que consagre el agua como derecho humano, el reconocimiento de los derechos colectivos y políticos de los pueblos originarios, protegiendo los bienes naturales y los derechos de la Naturaleza y sus elementos, reconociendo los principios de justicia ambiental y buen vivir. Para lograrlo, es muy importante que se reconozca la importancia de la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, se les proteja y se permita su participación segura y activa en la discusión, a nivel local y nacional.