C hile está perdiendo su escasa tierra agrícola. Fenómenos como el calentamiento global, la desertificación y la erosión están disminuyendo la capacidad y utilidad de nuestras tierras. Pero también la estamos perdiendo a manos de una escasa planificación territorial que favorece la utilización de tierras con alto valor agrícola para usos más lucrativos en el corto plazo. Ya sea por la expansión innecesaria de nuestras ciudades, la parcelación de áreas rurales en lotes de 5000 m² para uso residencial o la utilización de nuestras mejores tierras para el monocultivo forestal, lo cierto es que estamos dilapidando nuestra mejor tierra agrícola.

En paralelo, la situación global nos obliga a replantear nuestra relación con el mundo. La pandemia ha hecho evidente la excesiva dependencia de la gran mayoría de países del mundo respecto de bienes estratégicos. Ya sean las humildes mascarillas o las ansiadas vacunas, el petróleo o nuestra alimentación; la expectativa de un mercado internacional capaz de abastecer de forma continua a la población global ha quedado severamente dañada. En nuestra retina quedan grabadas escenas miserables de países nominalmente aliados robándose mutuamente cargamentos de mascarillas u otros insumos médicos.  Pero lo que parece ser una situación excepcional no es más que el inicio de un periodo de severos cambios. Los diversos mercados internacionales pronto enfrentarán fenómenos igualmente disruptivos derivados del cambio climático, las disputas geopolíticas, la escasez de recursos fundamentales y la degradación progresiva de los suelos y sistemas ecológicos.

Frente a estos desafíos, una prioridad vital deberá ser la soberanía alimentaria de nuestras comunidades. Es decir, el derecho a decidir nuestro sistema alimentario y productivo para acceder a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de modo sustentable. Lamentablemente, no alcanza con declarar derechos, si no somos capaces de satisfacerlos y fortalecerlos.

Respecto del problema de la tierra en Chile, si en 1976 podíamos considerar cultivable poco menos del 6% de la superficie nacional, en 2016 el porcentaje no llegaba al 2%. De acuerdo a algunas fuentes, hemos perdido casi 3 millones de hectáreas de tierra cultivable en 4 décadas. Pero más allá de los datos, muchas veces incompletos y deficientes, debemos tomar medidas urgentes para revertir una tendencia innegable.

Tierra cultivable (%) – Chile (Fuente: Banco Mundial).

En otros países del mundo se han implementado políticas efectivas para preservar la tierra agrícola cuya eficacia es de gran utilidad para evaluar y encarar los desafíos de Chile hoy. En los casos donde se observan resultados positivos, estas políticas se sostienen sobre una planificación territorial de largo plazo que impide el desarrollo no agrícola en tierras cultivables y logra eliminar la especulación derivada de la expectativa de cambio de uso de suelo. El efecto pernicioso de esta especulación consiste en promover en el mediano plazo precios inalcanzables para la agricultura familiar campesina y, en general, para los productores agrícolas.

Solo como ejemplo, la provincia canadiense de la Columbia Británica con una superficie que es casi una cuarta parte más grande que nuestro país y cuya topografía montañosa es comparable a la chilena, tenía en 1974 aproximadamente un 5% de superficie cultivable. Chile tenía ese mismo año un 5.5%.  A diferencia de nosotros, ese año el gobierno de esta provincia canadiense implementó estrictas medidas de preservación e incorporó esta superficie en una reserva de tierra agrícola que perdura hasta hoy. Como resultado, al 2020 esta provincia canadiense mantiene la misma extensión de tierra cultivable que tenía en 1974, mientras a Chile el 2016 le quedaba 1.7%. Como se ve, herramientas y políticas públicas exitosas existen. Lo que no existe –hasta ahora– son gobiernos que tengan la voluntad política de promover políticas de ordenamiento territorial responsables con el futuro y cuyo sur sea el bien común de toda la población, no solo de los grupos más privilegiados.

En esta línea, y aprovechando la fuerza del proceso constituyente, urge establecer una reserva agrícola a escala nacional sobre todas las tierras que posean alguna aptitud agrícola. Una reserva entendida como una zonificación territorial única. Que impida o limite el desarrollo no agrícola prohibiendo subdivisiones menores a 1.5 ha, la construcción de múltiples viviendas, o el desarrollo de actividades silvícolas, industriales y comerciales que no sean parte de las actividades razonables de una microempresa familiar. Entre los beneficios asociados a medidas como esta, además de la preservación de la tierra cultivable, se agrega el establecimiento de facto de un límite urbano de largo plazo que contribuya al desarrollo de ciudades más compactas y eficientes ecológica y socioeconómicamente. Por otra parte, no desplazaríamos actividades agrícolas a tierras poco aptas –como las laderas de los cerros- debido al uso irracional del suelo que promueve nuestro escuálido ordenamiento territorial.

Desde luego, la institucionalidad encargada de resguardar una reserva agrícola no es un tema menor. El carácter estratégico de una política como esta exige que la protección y supervisión de dicha reserva quede radicada en un organismo de ordenamiento territorial nacional, autónomo respecto al gobierno de turno y cuyo mandato exclusivo sea la preservación de nuestra tierra agrícola. En Chile y el mundo, los gobiernos locales y regionales tienden a ceder a las presiones de agentes inmobiliarios y otros grupos de poder que se expanden a tierras de menor valor relativo: comúnmente la tierra agrícola. Esto no quiere decir que los gobiernos locales y regionales no tengan un rol fundamental que cumplir, al establecer normas y otras herramientas de planificación territorial que complementen esta política nacional adaptándola a la variada geografía social y natural de nuestro país. Pero una mirada retrospectiva, nos demuestra que nuestros gobiernos locales extrañamente autorregulan su crecimiento espacial. Es necesario crear un contrapeso eficaz para preservar un bien vital y escaso.

Por cierto que no basta solo con la disponibilidad de tierra para conquistar nuestra soberanía alimentaria. Se requieren otras medidas complementarias para fortalecer nuestra producción alimentaria de largo plazo y a las familias campesinas que la sostienen, pero la escasez y pérdida de tierra cultivable es un problema particularmente urgente y virtualmente irreversible. Una reserva agrícola, además de preservar nuestra escasa tierra arable, nos proveería un escenario dónde implementar políticas nacionales, regionales y locales que sean adaptables a nuestra diversidad geográfica y a los inciertos desafíos del futuro.

¡Qué necesario es aprovechar este momento histórico para establecer las bases de nuestra soberanía alimentaria y nuestra relación con la tierra!