P ara muchos, el agua es uno de los bienes comunes por excelencia. ¿Qué es para ti el agua? ¿Por qué?

A mi juicio el agua es un bien natural indispensable para la vida humana, indispensable para la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales. Por lo mismo, es de sentido común entender y declarar que el acceso al agua es y debe ser considerado un derecho irreductible, dado que es una condición esencial para garantizar la pervivencia de la sociedad.

En Chile se acostumbra a considerar el agua como un recurso, por tanto, se le concibe desde una perspectiva económica al servicio de intereses particulares que buscan la acumulación de plusvalía y, por ende, lucrar a costa de su condición de esencialidad para la vida. Del mismo modo, hablar del agua como recurso, es un reflejo inequívoco del carácter que adopta el capitalismo en Chile, en rigor, extractivista y absolutamente degradante de la base natural.

Entonces, ¿Qué hace al agua un bien común?

Etimológicamente, un bien común es aquello de lo que se benefician todas y todos, es decir, los beneficios de unos y unas, son también los beneficios de los demás. Clarificado de forma sencilla este concepto, es evidente que el agua no puede ser objeto de lucro, usura y exclusión.

La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos, y la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o económica, son factores que atentan directamente contra la vida de las personas y las poblaciones. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad.

En esa misma línea, si los bienes comunes están guiados por ciertos principios y el agua es entendida como tal. ¿Cuáles son los principios fundamentales que deben ser recuperados y defendidos en el caso del agua?

En Chile la privatización de las fuentes de agua tiene su primer fundamento en la Constitución de 1980, Constitución fraguada en Dictadura. En rigor, el artículo 19, numeral 24, sostiene, “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

El Código de Aguas fue promulgado en octubre del año 1981, éste sostiene que las aguas son un bien económico. Le confiere al Estado la prerrogativa de ser quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a los particulares, los que amparados en las garantías constitucionales referidas a los derechos de propiedad sobre las aguas, incorporan este “recurso” a su patrimonio y pueden comprar, vender o arrendar agua. El Código de Aguas de la Dictadura separó la propiedad del agua del dominio de la tierra, y para ser más explícito, hoy existen propietarios de tierra sin agua, y viceversa. Finalmente el Código en comento creo dos categorías de derechos de aguas: consuntivas y no consuntivas, cuya diferencia radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río.

En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consuntivo, el 73% de estos derechos se encuentra en manos del sector agrícola, principalmente agroindustrias, 12% en el sector Industrial, 9% en el sector minero y el 6% restante en manos de empresas Sanitarias. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consuntivo, destinados básicamente para la generación de hidroelectricidad, el 81% de estos derechos se encuentran en la actualidad, en manos de ENEL, una empresa público-privada de origen Italiano.

El modelo privado de aguas que existe en todo el país tiene su origen en la Dictadura, sin embargo es de rigurosidad señalar que el modelo de lucro y usura con el agua fue perfeccionado durante los gobiernos de la Concertación. En particular durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien el año 1997 inició el proceso de privatización de las empresas sanitarias, conservando el 35% de la propiedad como pública, propiedad pública que dejó de ser tal durante los gobiernos de Lagos y Piñera. Las empresas sanitarias que abastecen de agua potable a la población hoy son de propiedad Francesa, Española. Incluso de propiedad de los profesores de Ontario, Canadá, me refiero a Esval, empresa que suministra agua potable a la región de Valparaíso.

Hoy el Estado de Chile no tiene soberanía sobre el bien común estratégico más importante del territorio. El agua es propiedad privada y la actual institucionalidad es incapaz de dar gobernanza democrática al uso del agua. Más bien, la institucionalidad está al servicio del modelo privado de negocios con el agua, cargando además con la responsabilidad de haber sobre-otorgado los ríos, entregando más derechos de agua que el agua realmente disponible en los acuíferos y, como señalan las mismas autoridades, sin personal ni competencias para poner fin al robo y lucro con el agua.

Entonces, ¿qué debemos recuperar?

Debemos recuperar el agua para los territorios y las comunidades. Hay que terminar con los instrumentos que privatizaron el agua. Hacer del agua un bien común y un derecho humano garantizado constitucionalmente e incorporar el concepto de prelaciones de uso, garantizando antes que cualquier actividad económica, la vida de las mayorías sencillas del territorio. Debemos construir una nueva institucionalidad hídrica, una institucionalidad puesta al servicio de la vida y las comunidades, no al servicio del negocio. El agua debe ser usada en conformidad a las particularidades de los territorios, usada de manera racional y armoniosa con el medio natural. Lo que no es posible, es que el agua hoy siga siendo más importante para los negocios y no para la vida digna de las y los sencillos.

Es mi obligación sostener que para dar cumplimiento a todas las demandas y aspiraciones anteriores, es fundamental elaborar una nueva Constitución, que sea el resultado del ejercicio de la soberanía popular.

Si la Constitución es, entre otras cosas, la forma en que se organiza el Estado, es necesario entonces preguntarte ahora ¿Qué papel le cabe al Estado en la gestión del agua? ¿Debiese este tener algún rol? Y ¿Cuál ha sido el rol del Estado chileno en el caso del agua?

El Estado chileno no tiene soberanía sobre el agua. El Estado chileno actúa salvaguardando el interés de la empresa extranjera propietaria de las aguas de todo el territorio. La institucionalidad que depende del Estado en materia de aguas, es cómplice del modelo privado de aguas. Suma y sigue. En Chile ¡Robar agua es una falta administrativa!, falta que se sanciona con una pena máxima de 20 UTM, aproximadamente 900 mil pesos Chilenos.

El Estado chileno es incapaz de garantizar el derecho humano al agua, y los que han administrado el Estado, Concertación y Alianza, han lucrado con el agua manteniendo ad eternum el modelo privado de las mismas. Es más, durante el año 2015 hemos sido testigos de cómo parlamentarios en ejercicio, responsables de legislar en favor del “bien común”, y me refiero al senador Andrés Zaldívar (DC), cuando no estuvieron en el Congreso, fueron financiados por empresas sanitarias, financiados según ellos para “hacer seguimiento parlamentario”.

A mi juicio, el agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. Su negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente atenta contra los seres humanos. No es posible que el Estado, sus instituciones y quienes las administran, asuman actitudes complacientes cada vez que un hombre o una mujer privado de agua para sus necesidades básicas deba, por ejemplo, defecar en bolsas plásticas, bañarse por “presas”, o simplemente conformarse e intentar naturalizar que hombres y mujeres del territorio sean abastecidos de agua mediante camiones aljibes.

Estado y Constitución, Constitución y Estado, constituyen un binomio cuya relación es indisoluble, es más, la Constitución es la norma jurídica que se encarga de expresar las funciones del Estado, las características de los órganos subordinados a él, los principios sobre los que se sustenta su actuar. Lo que necesito expresar, es que si queremos tener un Estado que actúe como garante con respecto al acceso del agua de la población, como garante del agua como bien común, es imprescindible la formulación de una nueva Constitución, que haga cierto, que haga real, el que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Pasando a otros aspectos relacionados con este concepto ¿Crees que la noción de bienes comunes sirve para abordar los conflictos territoriales en Chile?

Lo que ustedes denominan “conflictos territoriales” son conflictos derivados del capitalismo extractivista que se apropia de los mares, se apropia del agua, destruye la flora y fauna nativa para cultivar especies exóticas como pinos y eucaliptus. Son los conflictos derivados de la destrucción de los ecosistemas, la destrucción de las identidades locales y la destrucción de las identidades indígenas.

Los conflictos territoriales, conceptualmente, tienen que ver con haber transformado a la naturaleza en una fuente permanente de “recursos con valor económico”. Camino por el país, veo con mis propios ojos como las plantaciones forestales, incentivadas por el decreto ley forestal 701, formulado en plena Dictadura (1974), prorrogado por el actual gobierno, que ha enriquecido a las familias Angelini y Matte (los mismos del cartel del confort) y, lo eufemístico de esto, es que no han forestado para “Chile” sino para su propio peculio, contando para ello con el subsidio y aval del Estado. Estos que forestan con Pinos y Eucaliptus, que secan las comunidades Mapuches y Huincas, que destruyen el identitario territorial, cultural, son los que depredan en nombre del bien superior, de generar “ingresos para Chile”.

Por cierto que pienso que abordar los conflictos territoriales desde la recuperación y defensa de los bienes naturales comunes “sirve”, teórica y prácticamente. Establece una clara diferencia con aquellas y aquellos que sostienen que lo que provee la Naturaleza son “recursos”, soslayando que el modelo extractivista no da cuenta de la necesidad de preservar y conservar para las nuevas generaciones aquellos bienes naturales que son indispensables para la vida. Hablamos de sostenibilidad, eso que la casta política mucho cacarea y poco práctica.

¿Se te vienen a la mente ejemplos de conflictos que se puedan pensar desde este concepto?

A propósito de conflictos inmediatos que se me vienen a la mente, es inequívoco comentar lo que sucede en la provincia de Petorca, donde el agua es más importante para conspicuos políticos y empresarios dedicados a la producción de frutales de exportación y no para la vida de las y los más sencillos. Tampoco puedo dejar de mencionar lo que sucede en Caimanes, donde la minera los Pelambres del grupo Luksic instala el tranque de relave más grande de América Latina (el Mauro) en el curso natural de las aguas del estero El Pupio. Existe un fallo judicial que obliga a Luksic a demoler el tranque y el sale a comprar voluntades. Tampoco puedo dejar de mencionar lo que sucede en el Wallmapu, donde los ríos se llenan de centrales hidroeléctricas de pasada de capitales extranjeros, secando a comunidades indígenas, destruyendo su patrimonio y cosmovisión ancestral.

En cuanto a los alcances que puede llegar a tener esta idea de bienes comunes ¿Qué valor político le ves? Y, en la práctica, ¿Crees que permita ir más allá de lo local o corporativo, logrando articular a los distintos actores sociales?

Me arriesgo con esta teorización, sin embargo lo que pienso es que los bienes comunes se encuentran directamente relacionados con el “buen vivir”. Hablamos de un bien común cada vez que una comunidad de hombres y mujeres se ve compelida por el mismo deseo de hacerse cargo de un bien común, heredado o creado por la propia naturaleza. Una comunidad que se organiza de forma democrática y responsable para garantizar el uso y la perennidad del bien común, salvaguardando el interés general, estando en el centro de su preocupación el buen vivir.

Pienso efectivamente que desde la conceptualización de bienes comunes, podemos luchar y defender de mejor manera los intereses de la comunidad. Nosotros somos parte de esa comunidad despojada de cuestiones esenciales. Pienso en el agua. Todo el territorio está construido en torno a los cursos naturales de las aguas. Cuando el agua es usurpada y transformada en objeto de lucro es la vida misma la que está en juego, es la soberanía popular la que se destruye, y es precisamente en esas circunstancias, cuando la vida es amenazada, cuando surgen las mayores expresiones de solidaridad, de amistad, de responsabilidad, pero también de valor. Ese valor que hoy es indispensable para concordar que cambiar el orden de cosas actual es un imperativo ético y moral, que va más allá de nuestras propias particularidades locales.

De acuerdo a lo que señalas, ¿Te parece entonces que la defensa y ampliación de los bienes comunes podría favorecer una sociedad más centrada en lo común y público, menos privatizada?

Todas mis respuestas anteriores van en ese sentido. La recuperación y defensa de los bienes comunes tiene por propósito la prevalencia de la comunidad por sobre lo individual. La lucha por la recuperación de los bienes comunes es imponer la lógica del sentido común por sobre la lógica de la plusvalía; por sobre la lógica de apropiarse o mercantilizar bienes naturales comunes no apropiables, inmoral y perversamente transformados en objeto de utilidad económica para sus detentores. Bienes comunes y Buen Vivir no son una quimera, tampoco una consigna más. Cuando se comprende que la vida está en juego, las verdaderas transformaciones, las verdaderas revoluciones, son aquellas que no esperan la aprobación de los poderosos.